Excelentísimo Secretario General,
Nosotros —escritores, artistas, periodistas, investigadores y profesores universitarios de África, América del Norte, América Latina, el Caribe, Europa, Medio Oriente y Asia— nos unimos para instar de manera respetuosa a la Organización de las Naciones Unidas a no reincidir en los trágicos errores de juicio que se cometieron durante el genocidio contra los tutsis en Ruanda en 1994. Los sucesos en el este del Congo, con raíces históricas profundas, han sido reducidos a un relato único que omite tanto la exclusión de los tutsis de la comunidad congoleña como el peligro real de su exterminación, cada vez más abiertamente mencionado por algunos actores políticos del país. Esta guerra, por más atroz que sea, no puede reducirse a una sola de sus causas. Se origina, más bien, en una combinación compleja y explosiva de tensiones políticas, sociales y económicas que, con el tiempo, han derivado en una crisis de identidad y un conflicto armado.
Por ello, es urgente alcanzar un cese al fuego inmediato para salvar vidas y facilitar el camino hacia una solución política. Sin duda, la mejor manera de alcanzar este objetivo no es centrarse solo en el riesgo de desintegración de la República Democrática del Congo ni en la acusación simplista de que Ruanda respalda al Movimiento 23 de Marzo (M23) con el único propósito de explotar los recursos naturales de Kivu. Esta narrativa unívoca, difundida de manera extensa por los medios, elige ignorar las atrocidades indescriptibles cometidas abiertamente contra los tutsis congoleños, víctimas de asesinatos, mutilaciones e incluso, en algunos casos, de actos de canibalismo por parte de sus verdugos. Una visión tan simplista solo fortalece la exclusión, intensifica las tensiones y fomenta los discursos de odio. La actual escalada militar es, de hecho, una consecuencia directa de ello.
Le instamos, mediante la presente, a priorizar la búsqueda de una solución sostenible que aborde las causas subyacentes de este conflicto. Consideramos que este es el camino correcto para asegurar, mediante la estabilidad de la región de los Grandes Lagos, la seguridad y el bienestar de millones de hombres y mujeres cuyo único anhelo es vivir con tranquilidad.
Creemos que es de igual manera crucial identificar con precisión a los principales actores en el terreno, junto con sus objetivos y su orientación política. El M23, acusado de contar con el respaldo de Ruanda, combate contra el ejército congoleño, que recibe el apoyo de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), calificadas por Estados Unidos como una organización terrorista por su ideología genocida. Los Wazalendo, conformados por más de doscientos grupos armados, no esconden su determinación de aniquilar a los tutsis congoleños. Burundi, Sudáfrica, Tanzania y Malawi, además de mercenarios europeos y las fuerzas de las Naciones Unidas, también se encuentran entre los países que luchan junto al ejército congoleño. Además de aprovecharse de los recursos naturales del Congo y propagar el terror con violaciones masivas y asesinatos despiadados, los grupos armados FDLR y Wazalendo llevan a cabo el reclutamiento forzado de niños soldado. Por su parte, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) se ha desviado tristemente de su mandato de mantener la paz, al asociarse de manera estrecha con estos grupos armados apoyados por el gobierno de Kinshasa.
Excelentísimo Secretario General,
Debido a la ausencia de integración de las comunidades forzadas a convivir bajo nuevas delimitaciones fronterizas impuestas por el poder colonial, este conflicto se ha transformado en una crisis profunda y prolongada. Este conflicto también se debe al rechazo de los movimientos migratorios ocurridos antes de la colonización y hasta el período anterior a las independencias africanas, así como a la limitación de la ciudadanía basada en criterios étnicos y características físicas, en especial la apariencia facial.
Las poblaciones tutsis congoleñas han sufrido múltiples formas de discriminación, exclusión y masacres sistemáticas desde la independencia del Congo, lo que ha dejado profundas secuelas en su salud mental.
Desde hace treinta años, cientos de miles de ellos han sido condenados a una vida de precariedad en campos de refugiados en Burundi, Uganda, Kenia y Ruanda, salvo aquellos que han conseguido refugio en países occidentales.Debido a la indiferencia y, en muchos casos, la complicidad del Estado congoleño, otros se han visto obligados a tomar las armas para defenderse. Es decir, este conflicto no hará más que agravarse mientras la cuestión de la nacionalidad de los banyaruandas en el Congo permanezca sin resolver. Ningún pueblo puede aceptar por siempre la negación de su propia esencia y, con todo el respeto, las resoluciones de la ONU son insuficientes frente a un dilema existencial de esta magnitud.
Nos permitimos llamar su atención sobre el hecho de que la tragedia de los banyamulenge, tutsis de Kivu del Sur, no corresponde en absoluto con el relato simplista que se intenta difundir a nivel global. El M23 nació y se desarrolla fuera de las tierras ancestrales de los banyamulenge, en regiones donde los recursos mineros son insignificantes. No obstante, desde hace más de siete años, los banyamulenge sufren ataques de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y de distintas milicias étnicas, como los Mai-Mai, a causa de esta errónea presunción.
En Kivu del Norte, las FDLR, responsables de genocidios, expandieron sus filas en los territorios que controlaban antes de ser desplazadas por el M23. Durante mucho tiempo, cometieron innumerables abusos con total impunidad, sin ninguna respuesta por parte del Estado congoleño. Lejos de oponerse, el Estado las respaldaba y les dejaba explotar minerales y madera, que eran vendidos en el mercado internacional con la complicidad de ciertos dirigentes políticos. Asimismo, recaudaban impuestos en las áreas bajo su control, lo que forzó a muchos tutsis congoleños a refugiarse en países vecinos.
Excelentísimo Secretario General,
Es importante señalar que los tutsis de Kivu del Norte quedaron dentro del territorio del Congo Belga durante la partición del reino de Ruanda entre belgas, alemanes e ingleses. De manera paradójica, solo cuando sus tierras se convirtieron en territorio congoleño se comenzó a negarles su identidad como parte de la nación congolesa. Los banyaruanda que fueron dispersados por la colonización y excluidos por el Estado congoleño después de la independencia enfrentan una situación singular. Cabe señalar que en la zona ruandófona otorgada al Reino Unido —que hoy abarca parte de Uganda (Bunagana, Gisoro, Kabare, etcétera)— los banyaruanda son considerados ciudadanos ugandeses, al igual que otros pueblos que tenían reinos antes de la colonización. La discriminación contra los banyaruanda solo ocurre en el Congo.
Respecto a los tutsis de Kivu del Sur, llamados banyamulenge, su existencia en estas tierras está comprobada desde el siglo XVI; es decir, mucho antes de la división de África y la posterior formación de los Estados modernos. Además, fue solo en el siglo XIX cuando fueron acompañados por otras «tribus» congoleñas, como el pueblo yeke, liderado por el rey Msiri, que migró desde Tanzania hacia lo que luego se convertiría en el Congo. El líder tanzano Julius Nyerere no hablaba sin fundamento cuando, en 1996, subrayó la estrecha conexión entre los habitantes de esta parte de África: «(…) no tiene sentido, decía, respetar las fronteras sin respetar a las personas que viven dentro de ellas (…). Por consiguiente, al tratar el respeto de la frontera entre Alemania y Bélgica, es imprescindible también tener en cuenta el respeto de las poblaciones afectadas por esta separación».
De todo esto, se puede deducir que la aparición del M23 no es la causa, sino más bien la consecuencia del problema de los banyaruanda en general y de los tutsis en particular en la República Democrática del Congo. A fin de reforzar esta idea, le sometemos a consideración los siguientes hechos especialmente relevantes:
– Después de la independencia del Congo en 1960, Kivu del Norte atravesó una época de conflictos conocida como la Guerra de Kanyarwanda. En julio de 1963, se desató un primer conflicto de carácter «étnico» entre los banyaruanda (tutsis y hutus de Masisi y Goma) y otros grupos étnicos (nande, hunde y nyanga). En respuesta, el líder nande Denis Paluku declaró la soberanía de Kivu del Norte en oposición a Kinshasa. Los ruandófonos que lo acompañaban rechazaron su postura y defendieron la unidad del Congo. Paluku, en represalia, decidió lanzar una expedición punitiva hacia Masisi. En Kiroshe, los tutsi son detenidos y ejecutados. En esa época, el M23 aún no existía.
– En la década de los 80, estudiantes tutsi congoleños sufrieron acoso en el campus de Kinshasa con los siguientes gritos: «¡Viva la nacionalidad zaireña! ¡Muerte a los usurpadores de nuestra nacionalidad!».Además, un folleto instaba a «eliminar por completo y en todas partes a esas serpientes (los estudiantes tutsis) que intentan atacarnos». Asimismo, en el documento se podía leer: «Todos los textos reconocen que los tutsis presentes en Zaire son inmigrantes y, por ende, no deben beneficiarse de los mismos derechos que los verdaderos hijos de esta nación». En esa época, el M23 aún no existía.
– En 1991, los tutsis congoleños fueron excluidos de la Conferencia Nacional Soberana bajo el argumento de que no eran «zaireños». En esa época, el M23 aún no existía.
– Durante la Segunda República, en particular desde los años 80, los tutsi ruandófonos podían ejercer el derecho al voto, aunque no podían ser candidatos. En esa época, el M23 aún no existía.
– La Constitución de la República Democrática del Congo ha sufrido más de siete modificaciones, todas ellas relacionadas con la problemática de los ruandófonos. En esa época, el M23 aún no existía.
Excelentísimo Secretario General,
Nos resulta claro que la comunidad internacional incurre en un error de posibles repercusiones desastrosas al pensar que erradicar un solo grupo rebelde y sancionar a Ruanda bastará para devolver la paz al este del Congo y solucionar el problema de los tutsis congoleños. Es como restarle importancia a la muerte de más de cien mil personas en Ituri, en su mayoría miembros de la comunidad hema. ¿Acaso hace falta recordar que la Alianza de Fuerzas Democráticas (ADF) ha matado a más de 4 000 personas en Kivu del Norte? El 13 de febrero de 2025, hace apenas unos días, setenta fieles cristianos fueron asesinados con armas blancas en Mayba, en el territorio de Lubero. ¿Le han informado sobre las numerosas vidas que se han perdido en los enfrentamientos entre los teke y los yaka en la región de Kwamouth? ¿Acaso toda esta sangre derramada solo sería digna de compasión si estuviera vinculada a los recursos naturales, el M23 y Ruanda?
Excelentísimo Secretario General,
La principal enseñanza de este conflicto es que la alianza entre el Estado congoleño, la MONUSCO, los Wazalendo y los genocidas ha demostrado ser insuficiente, lo que confirma que una solución militar es imposible. Elegir este camino mantiene un estado de guerra constante y aleja cada vez más la paz que su organización afirma querer alcanzar. El expresidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, entendió bien esta realidad cuando alertó sobre el peligro de un conflicto prolongado con estas palabras premonitorias: «Mientras el Estado congoleño no garantice la protección de los tutsi congoleños, el M23 continuará existiendo, pues contarán con armas para su defensa».
Consideramos que, para lograr una paz duradera y la seguridad en la región de los Grandes Lagos, es fundamental:
– revisar los documentos de los acuerdos suscritos en 1910 por Bélgica, Alemania y el Reino Unido para validar la partición del territorio de Ruanda. A nuestro parecer, esta es la mejor forma de ratificar que los tutsi del Kivu del Norte son ciudadanos y habitantes originarios de la actual República Democrática del Congo.
– consolidar el principio de la intangibilidad de las fronteras congoleñas y garantizar el derecho inalienable de las comunidades propietarias de sus tierras a habitarlas con seguridad y en plena ciudadanía congoleña.
– incluir en los programas escolares la historia de los movimientos migratorios dentro del Congo antes de su independencia, con el fin de que las generaciones más jóvenes comprendan que las migraciones internas no fueron exclusivas de los tutsi de Kivu del Sur.
– examinar mediante una investigación detallada el impacto del discurso colonial belga del siglo XIX en las disputas y los conflictos identitarios de la actualidad.
– investigar la implicación de Bélgica en los asesinatos de figuras políticas nacionalistas como Patrice-Emery Lumumba en la República Democrática del Congo, el príncipe Louis Rwagasore en Burundi y el rey Charles Rudahirwa en Ruanda, así como en el fomento de partidos políticos de orientación «tribal» en la época de las independencias africanas.
– garantizar la protección de las minorías mediante una educación en valores que priorice la identidad congoleña desde la perspectiva del ciudadano individual, en vez de centrarse en la afiliación tribal o étnica.
– establecer una Comisión internacional independiente con el mandato de examinar los contratos mineros y las operaciones vinculadas a la exploración, la extracción, la comercialización y el financiamiento de los sectores minero, de tierras raras, agrícola y forestal en la República Democrática del Congo.
– atender con seriedad las inquietudes de seguridad de Ruanda mediante la neutralización de las FDLR y su ideología genocida, la cual sigue afectando a toda la región del antiguo imperio colonial belga.
– combatir sin descanso las campañas de terror y odio contra los tutsis congoleños, mediante el uso de mecanismos legales, educativos y religiosos. El uso de plataformas digitales puede contribuir de manera relevante en este proceso de sensibilización y en la promoción del pensamiento crítico para erradicar los estereotipos peligrosos.
– evitar todo respaldo militar al M23 y al gobierno congoleño mientras continúe apoyándose en genocidas, mercenarios y milicias cuyo único objetivo político sea la eliminación de los tutsis.
– analizar los múltiples acuerdos entre el gobierno congoleño y el M23 con el fin de establecer los obstáculos que han impedido su aplicación.
– propiciar un diálogo abierto y respetuoso entre intelectuales y los guías espirituales burundeses, congoleños y ruandeses con el objetivo de promover una «convivencia armoniosa» entre las comunidades.
– demandar una administración transparente y responsable de los recursos del Congo por parte del gobierno congoleño.
– promover una investigación rigurosa sobre las prácticas clientelistas y el enriquecimiento ilícito de los líderes actuales del Congo para fomentar una gestión estatal responsable.
– invertir en proyectos sociales para proteger a las comunidades marginadas y los jóvenes desfavorecidos, quienes, por desesperación, son susceptibles de unirse a rebeliones sin futuro.
– elegir a un representante de las Naciones Unidas cuya imparcialidad sea reconocida por ambas partes. Su papel como mediador buscaría fomentar la paz con la participación de las comunidades locales.
– respaldar los esfuerzos de paz liderados por entidades religiosas como la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO), en cooperación con la Iglesia de Cristo en el Congo (ECC) y, hace poco, la Asociación de Conferencias Episcopales de África Central (ACEAC).
– reevaluar las razones y las consecuencias del fracaso de las Naciones Unidas en la prevención y la respuesta contra el genocidio de los tutsis, así como la gestión de la MONUSCO, en particular tras las conclusiones de informes como Rwanda: The preventable genocide de la Unión Africana, elaborado por el Grupo Internacional de Personas Eminentes, junto con los informes de Mucyo, Duclert y Muse.
Excelentísimo Secretario General,
Para entender la fragilidad de una comunidad excluida y estigmatizada en la mentalidad congoleña contemporánea como la raíz de todos los problemas nacionales, es fundamental examinar el origen del conflicto. Con el tiempo, se ha llegado a una peligrosa deriva que se traduce en un deseo latente, pero innegable, de erradicar definitivamente a los tutsi congoleños. Miembros del gobierno congoleño, así como parlamentarios como Muhindo Nzangi Butondo, Willy Mishiki Buhini, Justin Bitakwira Bihona-Hayi, ciertos medios de comunicación locales y fieles de las iglesias del despertar no dejan de hacer llamados públicos al asesinato.
Confiamos en que, a diferencia de su predecesor en 1994, en el momento del genocidio de los tutsis en Ruanda, usted comprenda la magnitud de los peligros que enfrentan las poblaciones civiles desarmadas, cuyo único delito es su identidad: ser tutsis. Consideramos que es imprescindible realizar una evaluación menos sesgada y limitada de la situación en Kivu, como requisito indispensable para cualquier resolución sostenible. No podemos enfatizar lo suficiente que la fijación exclusiva en el M23 y Ruanda es sospechosa y alimenta la retórica venenosa de extremistas cada vez más atrevidos, que utilizan las redes sociales para propagar su ideología de odio contra los tutsis.
Como usted sabe, los tutsis son la única comunidad que ha sido objeto de matanzas masivas en los tres países de los Grandes Lagos. Aunque el genocidio de 1994 sigue presente en la memoria, los tutsis del Congo ya eran perseguidos en Kivu del Norte desde 1963. En agosto de 2004, más de 160 refugiados banyamulenge de Kivu del Sur fueron masacrados en Gatumba, Burundi. Durante estos eventos, la ONU no demostró ni perspicacia ni compasión. Si bien la organización ha pedido disculpas a las víctimas del genocidio contra los tutsi en Ruanda, todo hace temer que, tres décadas después, se verá forzada, una vez más, a disculparse ante las víctimas del genocidio contra los tutsi en el Congo.
Excelentísimo Secretario General,
Lo invitamos a tomar medidas frente a las amenazas que hemos considerado necesario señalarle. No se trata solo del destino de las poblaciones de los Grandes Lagos y su necesidad de seguridad. Se trata también de la credibilidad de las Naciones Unidas y el honor de la humanidad.
Mr. António Guterres, United Nations Secretary-General, United Nations Headquarters
405 East 42nd Street, New York, NY, 10017